El Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas fiscalizarán las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para reducir la brecha digital en las aulas. Se trata de una fiscalización conjunta que examinará la gestión de 970 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation. Estos fondos están destinados a proveer al menos a 300.000 alumnos de dispositivos portátiles y conectividad y a dotar 240.000 aulas de equipamiento digital en toda España. El programa pretende reducir la brecha digital del alumnado más vulnerable y mejorar las dotaciones digitales de las aulas en los centros sostenidos con financiación pública.
Los Órganos de Control Externo que participan en esta fiscalización serán los encargados de verificar las actuaciones desarrolladas por las Administraciones Autonómicas en sus respectivos ámbitos mientras que el Tribunal de Cuentas lo hará en Cantabria, La Rioja, Extremadura y Región de Murcia.
La fiscalización pretende contribuir a la buena gestión de estos fondos provenientes de la Unión Europea. Hasta el 2026 España podrá recibir hasta 140 mil millones de euros del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, que se están destinando a implementar diferentes proyectos de modernización.
La fiscalización que hoy se ha tratado en la reunión sucede a los trabajos de auditoría ya realizados por el Tribunal de Cuentas y los OCEX sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la gestión de los fondos europeos, cuyos informes resultantes han sido recientemente aprobados.
A la reunión de la Comisión de Coordinación del TCu y los OCEX en el ámbito autonómico han asistido representantes de todos los órganos de fiscalización externa autonómicos y ha sido presidida por el consejero del Departamento Quinto “de las Comunidades y Ciudades Autónomas” del Tribunal de Cuentas.
Las reuniones de la Comisión de Coordinación del TCu y los OCEX en el ámbito autonómico son el foro en el que se debaten las cuestiones referentes a la fiscalización de las CCAA, tales como la programación anual de las auditorías de las respectivas Instituciones o la identificación de materias de interés común para su fiscalización conjunta. Tales fiscalizaciones realizadas de manera conjunta permiten aplicar criterios comunes en el control del conjunto del sector público autonómico y obtener, como resultado, una visión comparada de todas las CCAA.
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