CANAL DEL INFORMANTE

Toda información sobre posibles infracciones del ordenamiento jurídico, relacionadas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que se hayan producido en el ámbito de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y derivadas del funcionamiento de la misma, sin que por este canal se puedan presentar informaciones relacionadas con las actividades de otras entidades u organismos del sector público o privado.

Las informaciones deberán venir acompañadas del adecuado soporte probatorio, entendiendo por tal los suficientes datos contrastables y, en su caso, la acreditación documental necesaria.

Los informantes deberán haber obtenido la información sobre las posibles infracciones en el ámbito de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y derivadas del funcionamiento de la misma, en un contexto laboral o profesional con la Cámara de Cuentas, bien por existir o haber existido una vinculación laboral o estatutaria con la misma, bien por haber obtenido la información durante un proceso de selección, o bien por haber estado en contacto con esta por motivo de su actividad laboral o profesional.

• Cuando los hechos carezcan de verosimilitud.

• Cuando los hechos relatados no sean constitutivos de alguna de las infracciones del ordenamiento jurídico, relacionadas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero y no se hayan producido en el ámbito de la Cámara de Cuentas y derivadas del funcionamiento de la misma.

• Cuando la información se refiera a las actividades de otras entidades u organismos del sector público o privado.

• Cuando los informantes no tengan o no hayan tenido una vinculación laboral o estatutaria con la Cámara de Cuentas o no hayan participado en un proceso de selección para la misma o no hayan contactado con ésta por motivo de actividad laboral o profesional.

• Cuando la información carezca manifiestamente de fundamento.

• Cuando la comunicación no contenga información nueva y significativa sobre infracciones comunicadas anteriormente respecto de las cuales hayan concluido los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de derecho que justifiquen un seguimiento distinto.

• Cuando los hechos relatados estén siendo o hayan sido investigados por la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o la policía judicial.

El plazo para dar respuesta a las informaciones recibidas será de tres meses, contados desde la recepción de la comunicación. En supuestos de especial complejidad, el Responsable del Sistema interno podrá acordar la ampliación del plazo hasta un máximo de seis meses desde la recepción de la comunicación.

En materia de protección de las personas informantes y de las afectadas por la información, se estará a lo dispuesto en el Título VII de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

Las notificaciones de la Cámara de Cuentas se realizarán a través del módulo de comunicación electrónica, salvo que el informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones:

Al informante a su representante legal, a las personas que presten asistencia al informante, a las personas de su entorno que puedan sufrir represalias, así como a las personas jurídicas relacionadas con el informante en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa.

El Responsable del Sistema interno adoptará alguna de las siguientes decisiones:

• Archivo del expediente.

• Remisión al Ministerio Fiscal, si del curso de la instrucción resultase que los hechos pudieran considerarse delito. Si el delito afectase a los intereses de la Unión Europea, la remisión se haría a la Fiscalía Europea.

• Recomendación para la adopción de medidas correctoras o de buenas prácticas, o para la incoación de expediente sancionador, a los órganos de la Cámara de Cuentas que se consideren competentes.

El tratamiento de datos personales se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en la Ley 2/2023, de 20 de febrero.